La legitimidad democrática.

1. La democracia ideal.

La democracia es la forma de gobierno en la que el poder reside en la ciudadanía, entendida como el conjunto de todos los miembros que integran la comunidad política, los cuales son políticamente iguales, es decir, están sujetos a los mismos derechos y obligaciones.
Un sistema democrático debe legitimarse a partir de un principio de igualdad general, que se concreta en los siguientes principios básicos:

• Principio de igual dignidad. En un Estado democrático todos los individuos deben ser reconocidos como iguales, sin distinción de sexo, condición, etc.
• Principio de isegoría. La isegoría es un concepto griego que expresa el derecho de todo ciudadano a poder ser escuchado en el ágora.
•  Principio de isonomía. La isonomía es un concepto griego que expresa la igualdad de todas las personas ante la ley. Como ciudadano y miembro de una comunidad, todo individuo posee una serie de derechos y de obligaciones.

      2 .  La democracia real.

Todos los gobiernos democráticos de los grandes Estados  necesitan una serie de instituciones para llevar a cabo su cometido. Esas instituciones tienen una estructura y una tipología, así no se legitima el poder, sino la organización y el funcionamiento de los mecanismos del poder.
Los requisitos mínimos que debe poseer un Estado para que su organización sea considerada como democráticamente legítima son los siguientes:

• Constitución presidida por el principio de igualdad. La Constitución debe recoger toda una serie de derechos y deberes fundamentales que respeten siempre este principio.
• Cargos públicos electos. Los ciudadanos eligen y depositan su confianza en un cargo
• Elecciones y consultas libres y frecuentes. Con el fin de dar cumplimiento igualmente al principio de isegoría, debe haber elecciones o consultas a través de las urnas.
• División de poderes. La isonomía solo es defendible si los órganos legislativo, ejecutivo y judicial actúan de manera autónoma.
• Libertad de expresión y acceso a una información veraz. El Estado debe garantizar la libertad de expresión de los ciudadanos y los mecanismos oportunos para su consulta.
• Transparencia en la gestión. Los órganos administrativos y de gobierno deben poder ser supervisados en su gestión por todos los representantes de los ciudadanos.